Penjat el 4 de novembre de 2003, per ecologistes
El objetivo fundamental del Plan Hidrológico
Nacional es el trasvase de agua de la cuenca del Ebro hacia el arco
mediterráneo, dando continuidad con ello a la obsoleta política hidráulica
española: obras sobredimensionadas (embalses y trasvases), grandes expectativas
de dotación de agua y desbordamiento de las demandas.
Pero además del Trasvase del Ebro, y de otros trasvases menores
como el del Júcar al Vinalopó, el PHN enumera 863 actuaciones de gran impacto
ambiental y social en todo el territorio español, incluyendo, entre otras, casi
un centenar de grandes embalses y muchos kilómetros de encauzamientos. La
mayoría de estas obras estaban ya incluidas en los planes de cuenca,
caracterizados por la ausencia de gestión en los recursos, el desprecio a la
integridad de los ecosistemas acuáticos, el olvido de los afectados, la
destrucción de patrimonio cultural y la consideración de estas obras como fin en
sí mismas. Es el caso de los embalses de la Breña II, Melonares, Cerro Blanco,
Irueña, Monteagudo, Castrovido, Bernardos… O los del Pirineo: Itoiz, Yesa,
Biscarrués, Santaliestra, Susía y Rialb, clave para trasvases y ampliaciones de
regadío –que salinizan y contaminan el Ebro y su delta- y que provocan de nuevo
la ruina en sus valles y poblaciones. Para el delta del Ebro, el PHN sería el
golpe de gracia a su viabilidad ecológica y social.
En las cuencas receptoras, el PHN representa la potenciación
del modelo de desarrollo vigente: incremento del regadío ilegal a costa de
espacios naturales, algunos protegidos, profundización de la crisis de la huerta
tradicional, innecesario e intolerable desabastecimiento de poblaciones,
salinización de suelos en Alicante y Murcia, -esquilmación de acuíferos,
destrucción de la Albufera y demás humedales costeros del País Valenciano,
muerte del Júcar, crisis ecológica de la vega baja del Segura, declive de los
humedales manchegos… Además hay que hacer notas consecuencias sociales
negativas que se derivan de este modelo, como la explotación de inmigrantes.
Aunque el fondo de este modelo de gestión del agua –el saqueo
del presupuesto público, el patrimonio cultural y la naturaleza en beneficio de
intereses muy concretos–, sigue inmutable, la justificación oficial ha ido
adaptándose a cada época. Ahora, pervirtiendo el concepto de protección del medio ambiente,
cínicamente se presenta el PHN en Bruselas como un proyecto ambiental.
El PHN no tiene sentido desde el punto de vista hidrológico,
pero beneficia especialmente a grandes agentes económicos: constructoras e
hidroeléctricas. Los miles de millones de euros que se manejan a su alrededor
conectan con una realidad alarmante: la corrupción. De hecho, responsables de la
elaboración y aprobación de proyectos del PHN están imputados ante los
tribunales por la Fiscalía del Estado.
El despilfarro y desgobierno del agua provocan una falsa
sensación de escasez con
la que justificar los
grandes proyectos. La calidad del agua en las ciudades es en general lamentable
y la expansión de los regadíos –muchos ilegales– se planifica en función de la
agroindustria, mientras peligran los regadíos familiares tradicionales. En el
PHN, el problema del agua se resuelve aumentando la oferta en vez de controlar
la demanda, mientras se
desatiende su estado
ecológico contraviniendo la Directiva Marco del Agua europea y las Directivas de Conservación de
la Naturaleza
Frente a esta situación, defendemos una Nueva Cultura del Agua,
que apuesta por el aprovechamiento eficiente del recurso, considera también su
componente cultural y social y lo preserva para generaciones futuras. Es hora de
que agentes sociales, instituciones y partidos políticos apostemos nítidamente y
sin ambigüedades por esta Nueva Cultura del Agua y pongamos en marcha los
mecanismos para la solución, mediante el diálogo social, de los conflictos
generados por la vieja política hidráulica.
Es, sin duda, el tiempo de la Nueva Cultura del
Agua.